La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) reaccionó frente a la convocatoria de una nueva audiencia pública para debatir un nuevo cuadro tarifario. La entidad, pidió postergar el llamado del EPRE -a instancias de EdERSA-, por considerar “insuficiente” el plazo que le dieron a esta entidad para que sus técnicos pudieran analizar la propuesta de incremento.

Al reclamo se sumó la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de General Roca.

Uno de los argumentos del pedido es que “todos los actores de nuestra actividad están en plena cosecha y con escaso tiempo para realizar correctamente la tarea. Consideramos que, de realizarse en la fecha prevista, el proceso tendrá vicios de nulidad, ya que no podría contar con nuestra participación, quitando transparencia y posibilidad de defensa a la actividad frutícola”, dice la nota enviada al presidente del EPRE, Juan Justo, y que lleva la firma del presidente de CAFI, Nicolás Sánchez.

Desde la entidad consideran que la prórroga solicitada debe ser de al menos dos meses “para que podamos dedicarnos debidamente al análisis del pedido de la distribuidora”.

Pero la cordialidad institucional de la nota no refleja el «enojo» interno. Según reveló LMN, que dialogó con un empresario del rubro, el malestar es total. “Ellos saben que a esta altura de la temporada no podemos analizar el pedido, y por eso lo hacen ahora. Es a propósito”, dijo.

Pero, además, la convocatoria oficial carece de elementos básicos de análisis. Según las fuentes consultadas, la empresa EdERSA “ni siquiera presentó los balances”, información necesaria para determinar el margen de “rentabilidad racional” que debe regir en los pedidos de aumento.

CAIC Roca

Una nota de similar tenor enviaron las autoridades de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de General Roca, donde expresan que es “insuficiente el tiempo para analizar seriamente la propuesta de la empresa”, y además destacaron que “es imprescindible que el Defensor del Usuario concurra a las distintas sedes de las cámaras empresarias a fundamentar y explicar el pedido de la distribuidora, para darle el marco de transparencia necesario a dicha audiencia”. En este caso, la CAIC pidió una postergación de 90 días de la audiencia.