La tensión política aumenta y cualquier excusa es buna para la disputa. Ahora, el campo de batalla se trasladó al Consejo de la Magistratura. Quien disparó fue el legislador peronista, Luciano Delgado Sempé, quien presentó una denuncia ante el cuerpo contra el fiscal Francisco Marano, por haber archivado la denuncia contra Claudio Ciccarelli (primo de Fred Machado) por sus licitaciones en el rubro minero vinculado a la producción de arenas silíceas. «El oficialismo intentará evitar que prospere la acusación, mientras que el voto del PRO podría resultar determinante», indicó.

Al involucrar al macrismo, el presidente del partido, legislador e integrante del Consejo de la Magistratura, Juan Martín, descalificó al dirigente peronista: «No tiene idea cómo funciona el Consejo». Y consideró “un delirio” el planteo respecto a que el PRO tendría un rol determinante. “Las decisiones del Consejo de la Magistratura son las de un órgano colegiado, es mentira que con un solo voto alcance para llevar adelante un procedimiento”, explicó en diálogo con FM de la Costa.

El trasfondo no es el funcionamiento del Consejo, sino el supuesto «pacto» entre el PRO y Juntos Somos Río Negro que alega Delgado Sempé en el organismo. Y lo que subyace, es si el macrismo seguirá «ligado» al oficialismo o caminará hacia una alianza con La Libertad Avanza.

“No sé si Delgado dice esto por falta de conocimiento o si se hace el que no sabe porque en realidad no le importan las instituciones, como a todos los kirchneristas”, chicaneó Juan Martin. Así, reforzó su perfil anti-k, un discurso que lo acerca a los espacios que disputarán el voto no peronista.

La respuesta no tardó en llegar: «Juan Martín tiene la oportunidad de demostrar si está del lado de la transparencia o de los pactos políticos», respondió Sempé para sacarlo del terreno partidario y llevarlo a un plano que promueve el macrismo: independencia judicial, transparencia política y purismo republicano.

Y remató asegurando que sus declaraciones «no logran desmentir una realidad que quedó expuesta: la existencia de acuerdos políticos entre el PRO y el oficialismo en el Consejo de la Magistratura para proteger a jueces y fiscales».