La historia y el desarrollo económico y demográfico de Río Negro están íntimamente ligados a sus recursos hídricos. El agua fue el motor del diseño actual provincial y una deuda pendiente que interpela a los gobiernos y sus fuerzas políticas y económicas a no cesar en trabajar en ideas, proyectos y gestión estatal y poner en situación todos los esfuerzos posibles para la utilización del recurso, el cuidado de la naturaleza, el desarrollo humano y la explotación de áreas bajo riego, aún en el desierto más porfiado. Nada debe amedrentar, menos aún los calificativos superlativos que pretenden defender, bajo calificativos de utopías, intereses sectoriales.

El “Proyecto de Máxima”

Fue con el retorno a la democracia cuando un grupo de técnicos elaboró lo que se dio en llamar “Proyecto de Máxima”, que propuso construir un canal intermesetario que se iniciaba en el río Limay, a la altura de El Chocón y serpenteaba en forma paralela a la ruta nacional 23 hasta llegar a San Antonio, con el propósito de llevar agua a la meseta y finalizar con una central hidroeléctrica costera en el mar rionegrino.

Sabido es que nunca se concretó. Su principal traba fue disputarle caudales de agua al proyecto hidroeléctrico de Nación, para abastecer de energía a la capital federal y Buenos Aires, con recursos hídricos provinciales.

Fue un desafío de soberanía y reivindicación provincial ante el poder central. Se descalificó con argumentos de los costos de la obra, pero fundamentalmente en que se afectaban los caudales para producir energía y en que se iba a vaciar el río Negro.

Hoy sólo queda el recuerdo de una utopía, que los rionegrinos nos merecemos fuera de los egoísmos y la inmediatez que imponen las políticas públicas. Una razón más para creer en el potencial del Estado para llevar adelante “obras faraónicas”.

El «Proyecto de Máxima», fue diseñado en 1984 por los técnicos Néstor H. Ginestet, Juan C. Pisandelli y Jorge D. Valle, miembros de la entonces estructura de Planeamiento y Recursos Hídricos de Río Negro. Esta propuesta técnico-política buscaba un aprovechamiento integral y soberano de las aguas del río Negro y el río Limay frente a las grandes represas nacionales del Comahue.

Se trataba de la construcción de un monumental canal de riego y suministro que naciera en el río Limay —aprovechando los niveles de los embalses como el de Ramos Mexía (El Chocón)— para atravesar la meseta y la Línea Sur rionegrina. La traza transportaba en agua con una pendiente planificada hacia la zona atlántica de San Antonio Oeste y las áreas portuarias.

El fin era crear una ampliación masiva de la zona de riego en las altiplanicies de la meseta. Buscaba transformar miles de hectáreas áridas de la Región Sur en áreas productivas y asegurar el abastecimiento industrial y humano del nodo San Antonio.

El punto inicial se situaba en el Embalse Ezequiel Ramos Mexía (Villa El Chocón), aprovechando la cota de 270 metros sobre el nivel del mar para iniciar el transporte por gravedad.

La traza del canal corría en paralelo al norte de la actual Ruta Nacional 23, atravesando longitudinalmente las altiplanicies y mesetas áridas que hoy conectan parajes y localidades de la Línea Sur y finalizaba su recorrido en las inmediaciones de San Antonio Oeste, donde se planificaban las turbinas de la central hidroeléctrica costera aprovechando la caída abrupta al nivel del mar.

Poner un freno

Este proyecto nació con el retorno de la democracia (1984). A pesar del gran interés de la provincia por «ponerle un freno» al uso puramente hidroeléctrico que Nación hacía de los ríos, la enorme inversión económica requerida, impidió que las obras troncales de este canal intermesetario se ejecutaran.

Cabe señalar que ante la urgencia de agua que tenía la costa atlántica, la provincia ya había inaugurado en 1972 el Canal Interprovincial Ing. Juan Carlos Suárez (conocido como Canal Pomona – San Antonio Oeste). Este acueducto a cielo abierto de 194 kilómetros cumple una función similar de abastecimiento a San Antonio y Las Grutas, pero toma el agua desde el río Negro en el Valle Medio (Pomona) en lugar de cruzar toda la Línea Sur desde el Limay.

De este modo, el trabajo de Ginestet y su equipo quedó registrado en los anales de la planificación hídrica patagónica como el modelo utópico y más ambicioso de soberanía sobre los recursos naturales de Río Negro.

El «Proyecto de Máxima» de 1984, contemplaba un trasvase masivo de recursos hídricos, diseñado bajo una lógica de caudales escalonados y demandas potenciales que competían directamente con el uso hidroeléctrico de los ríos patagónicos. El canal intermesetario (denominado técnicamente como proyecto AR-SAO) se planificó para captar y transportar un caudal de diseño variable que promediaba entre 100 y 150 metros cúbicos por segundo (m³/s) extraídos directamente desde el río Limay (aprovechando el embalse Ezequiel Ramos Mexía).

La infraestructura estaba pensada para alimentar nuevos sistemas de riego a gran escala en las altiplanicies y valles de la Región Sur. En conjunto con otros planes provinciales del río Negro, la demanda potencial combinada de estos nuevos proyectos agrícolas requería un caudal específico de 236 m³/s.  Para dimensionar la magnitud del proyecto, los sistemas de riego e industrias ya activos en la provincia consumían en total 164 m³/s. La propuesta de trasvase a San Antonio Oeste prácticamente duplicaba la demanda hídrica provincial de la época.

Uno de los mayores desafíos técnicos analizados en las revisiones del proyecto era cómo afectaba esta quita de agua al tramo inferior del río Negro. El diseño original debía garantizar que, tras la derivación hacia San Antonio Oeste, el río mantuviera un caudal ambiental mínimo de 100 m³/s para sostener la vida acuática y evitar la intrusión salina del mar en la desembocadura.

Estudios hidrológicos posteriores demostraron que, si el trasvase operaba a su máxima capacidad simultáneamente con épocas de sequía, el río Negro no lograría asegurar los 100 m³/s ambientales obligatorios. Si el requerimiento ecológico se elevaba a 150 m³/s, el proyecto volvía deficitario el sistema de manera crítica durante los meses de verano.

Para mitigar esta falta de agua y abastecer el canal intermesetario, los autores del proyecto propusieron modificar las normas de operación de los cinco embalses del Limay y el Neuquén, con el objetivo de obligar a Hidronor (por ese entonces la empresa nacional hidroeléctrica) a erogar agua en función de las necesidades de riego y consumo rionegrinas, y no únicamente para generar energía eléctrica en las horas de pico de demanda de Buenos Aires.

El gran volumen de agua (100-150 m³/s) conducido a través de la Línea Sur no solo tenía fines de riego. El declive natural de la meseta hacia el Atlántico generaría un salto hidráulico tan masivo que el proyecto estimaba una capacidad de generación hidroeléctrica potencial equivalente a dos veces la represa de El Chocón, antes de que el caudal remanente se utilizara para agua potable, desarrollo industrial del puerto y navegación comercial.

Cómo reaccionó el gobierno nacional

El gobierno nacional, a través de sus organismos técnicos y de la empresa estatal Hidronor S.A. (encargada de las represas del Comahue), reaccionó ante el «Proyecto de Máxima» con una firme postura de rechazo técnico y bloqueo geopolítico. Para la Nación, el plan de Río Negro representaba una amenaza directa a la matriz energética del país. Las razones principales de la confrontación se estructuraron de la siguiente manera: El Conflicto de la Prioridad del Agua (Energía vs. Riego)

El modelo centralista

Hidronor operaba las represas de la cuenca (como El Chocón) bajo una lógica puramente eléctrica: acumular agua para liberarla de golpe durante las horas pico de consumo en el Gran Buenos Aires. Si Río Negro ejecutaba el trasvase y extraía de forma constante entre 100 y 150 m³/s del Limay para desviarlos hacia la Línea Sur y San Antonio Oeste, las represas nacionales perderían un volumen de agua gigantesco. Nación calculaba que esto provocaría una caída drástica en la capacidad de generación eléctrica del Comahue, afectando el suministro del sistema interconectado nacional.

El gobierno nacional utilizó informes hidrológicos para bloquear el proyecto, argumentando que la cuenca no resistiría semejante detracción de agua. Sostenían que, al quitarle ese caudal al Limay, el río Negro (en su tramo final por Viedma) sufriría crisis de sequía estival severas. Afirmaban que el caudal caería por debajo de los 100 m³/s obligatorios, lo que arruinaría los sistemas de riego existentes en el Valle Inferior y provocaría que el agua de mar ingresara río arriba por la falta de presión de la corriente.

La Estrategia de Ahogo Financiero

Al tratarse de un proyecto de escala monumental que requería financiamiento internacional, Río Negro necesitaba el aval o la garantía del Estado Nacional para obtener créditos. El gobierno de la Nación negó sistemáticamente cualquier apoyo financiero o político a la propuesta AR-SAO. El gobierno federal argumentaba que la infraestructura de transporte en la Región Sur debía potenciarse mediante el desarrollo del ferrocarril y las rutas, calificando el canal intermesetario como una «fantasía de ingeniería» inviable para la economía de la época.

Según algunos estudios de esta situación, se deriva que este proyecto fue el detonante que encendió las alertas en Buenos Aires sobre la necesidad de regular los ríos patagónicos antes de que las provincias tomaran decisiones unilaterales.

Para frenar estas iniciativas autónomas de Río Negro y Neuquén, la Nación impulsó una institucionalización formal. Esto aceleró los debates que llevaron a la posterior consolidación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Mediante este organismo, el gobierno nacional sentó a las provincias en una mesa técnica para asegurar que ningún trasvase masivo pudiera realizarse sin el consentimiento explícito de todas las partes y de la propia Nación.

En conclusión, el gobierno nacional vio el proyecto como una declaración de insubordinación provincial sobre recursos que consideraba de utilidad pública nacional, por lo que aplicó un «bloqueo técnico y financiero» que archivó la propuesta de manera definitiva.

De acuerdo a los defensores del canal intermesetario, el “Proyecto de Máxima” combinaba una fuerte visión política de federalismo con un detallado cálculo de ingeniería topográfica.

Hay quienes sostienen que cuando a fines de los 80 y principios de los 90 se creó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Río Negro utilizó los estudios técnicos de Ginestet y su equipo como «moneda de cambio» y escudo de negociación frente a la Nación y a Neuquén, asegurando que la provincia mantuviera derechos de agua blindados para futuros desarrollos productivos.

El «Proyecto de Máxima» quedó registrado formalmente en la Secretaría de Planeamiento de Río Negro como el mayor antecedente de soberanía hídrica patagónica, siendo citado de forma recurrente por ingenieros locales que aún defienden el desarrollo del sur provincial.

El Salto Hídrico

El aspecto más revolucionario del proyecto AR-SAO (Limay a San Antonio Oeste) era el aprovechamiento del relieve. No se trataba solo de un canal de riego por gravedad; estaba diseñado para ser un complejo hidroeléctrico inverso aprovechando la abrupta geografía patagónica. El agua se captaría del embalse Ramos Mexía (El Chocón), situado a unos 270 metros sobre el nivel del mar y a lo largo de la traza de la Región Sur, el canal iría sorteando la meseta hasta llegar a las proximidades de San Antonio Oeste, donde la topografía cae bruscamente hacia el nivel del mar (0 metros). Esto generaba un salto útil neto de casi 250 metros de altura.

El equipo técnico calculaba que los 100 a 150 m³/s cayendo por ese desnivel producirían una energía hidroeléctrica colosal. La potencia estimada del salto final duplicaba la capacidad de generación propia de El Chocón, compensando con creces la energía que las represas nacionales perderían aguas arriba por la extracción del caudal.

Reducir la evaporación

Una alternativa inicial evaluada por el equipo para mitigar los efectos de la evaporación, planteaba llenar «bajos naturales» (depresiones geográficas de la Línea Sur) para crear una cadena de lagos artificiales en forma de rosario. Sin embargo, los cálculos hidrológicos del equipo determinaron que los embalses en zonas tan áridas sufrían una evaporación crítica (estimada en casi 40 m³/s). Por ello, el diseño final del salto hídrico descartó los lagos abiertos y optó estrictamente por canales de conducción cerrados o rectificados, garantizando que toda el agua de caída llegara con presión a las turbinas de la costa atlántica.

Al ser un proyecto de la década de 1980 que quedó archivado y nunca se ejecutó, los planos originales permanecen de forma analógica en los archivos físicos del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y en la Secretaría de Planeamiento de esta ciudad.