Ayer se bloqueó en comisiones, un proyecto que buscaba prohibir la designación de familiares de funcionarios en la administración pública provincial. La iniciativa fue presentada por el legislador tortorielista, Santiago Ibarrolaza, quien de todos modos defendió la propuesta como una «herramienta para fortalecer la transparencia en el Estado», y «garantizar que el acceso al empleo público esté basado en criterios de mérito e idoneidad».

Desde hace años se debaten diferentes proyectos, en el país y la provincia, para evitar el nepotismo (el uso de un cargo o poder para dar empleos, contratos o favores a familiares o amigos), pero no llegan a buen puerto.

Durante su exposición, Ibarrolaza explicó que el objetivo central era abrir un debate de fondo sobre los mecanismos de ingreso al Estado y establecer reglas claras hacia adelante, sin buscar responsabilidades retroactivas sobre prácticas anteriores.

El proyecto proponía introducir cambios en la Ley N° 3.550, normativa que regula los requisitos de idoneidad y probidad para el acceso a la función pública, pero que actualmente no contempla una prohibición explícita respecto a la designación de familiares.

En ese sentido, la iniciativa establecía que no podrían realizarse nombramientos de personas con parentesco en línea recta o colateral hasta el segundo grado con funcionarios alcanzados por la norma, con el objetivo de evitar conflictos de interés.

No obstante, el texto incluía excepciones específicas para aquellos casos en los que el ingreso al Estado se hubiera producido mediante concursos públicos o cuando los trabajadores ya contaran con estabilidad laboral al momento de una eventual sanción.

Rechazos

Sin embargo, el proyecto encontró resistencia entre distintos bloques legislativos. Uno de los rechazos más contundentes fue el del legislador Javier Acevedo, del espacio ARI-Cambiemos, quien cuestionó lo que consideró una contradicción política en la propuesta.

Para fundamentar su postura, Acevedo mencionó designaciones recientes en el ámbito del Gobierno nacional y planteó que, si el mismo espacio político las respalda, no debería promover una prohibición similar en el ámbito provincial.

“Si no lo hacemos en la Nación y pertenecemos a la misma línea política, no deberíamos estar tratando esta circunstancia en la Legislatura”, expresó durante su intervención, marcando una postura crítica sobre la coherencia del planteo.

El legislador cerró su exposición con una frase que sintetizó su posicionamiento: “Hacé lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago”, en referencia a lo que consideró una doble vara en la discusión.

Por su parte, la legisladora Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, también rechazó la iniciativa y planteó que la conformación de los equipos de gobierno no puede limitarse únicamente por vínculos familiares.

En su intervención, sostuvo que la confianza política es un elemento central en la gestión pública y que excluir a una persona por su parentesco podría resultar injusto si cuenta con las capacidades necesarias para desempeñar un cargo.

“Porque alguien sea mi hermano o mi primo y tenga la capacidad para desempeñar esa función, no debería quedar excluido solamente por ese vínculo familiar”, argumentó, cuestionando el alcance restrictivo del proyecto.

Asimismo, consideró que la propuesta tenía un fuerte componente simbólico y que estaba más orientada a generar impacto político que a resolver problemas estructurales en el funcionamiento del Estado.