Ante el inminente tratamiento de la Ley de Tierras en el Congreso, el bloque de legisladores rionegrinos del PJ–NE manifestó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que pretende flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, al considerar que «representa un grave retroceso en materia de soberanía, federalismo y defensa de los recursos estratégicos del país».

Mediante un comunicado advirtieron que la iniciativa no constituye una simple modificación normativa, sino un cambio de paradigma que debilita la capacidad del Estado para proteger el territorio nacional y favorece la concentración de tierras en manos de intereses económicos cuyo objetivo no necesariamente coincide con el desarrollo de las comunidades locales.

En ese sentido, el legislador Leandro García sostuvo que «en Río Negro esta discusión adquiere una gravedad aún mayor porque hablamos de una provincia con extensas zonas de frontera, recursos hídricos estratégicos, bosques nativos, tierras productivas y enormes superficies de tierras fiscales. No podemos naturalizar que se flexibilicen los controles para el ingreso de capitales extranjeros mientras miles de familias rionegrinas siguen esperando la regularización de las tierras donde viven y producen desde hace décadas».

García remarcó además que «la zona andina concentra algunos de los bienes naturales más estratégicos de la Argentina. Renunciar a herramientas que permitan controlar la concentración y extranjerización de esas tierras significa resignar capacidad de decisión sobre nuestro propio territorio y comprometer la soberanía de las futuras generaciones».

Desde el bloque señalaron que «resulta inadmisible que el Estado nacional renuncie a proteger el territorio mientras cientos de productores familiares, pobladores rurales y ocupantes históricos continúan esperando soluciones definitivas para acceder a la titularidad de las tierras que trabajan desde hace años».

«Existe una doble vara inaceptable: para quienes producen, viven y arraigan a sus familias en el territorio hay demoras e incertidumbre; para los grandes capitales se pretende eliminar controles y facilitar el acceso a tierras estratégicas», expresaron.

Asimismo, advirtieron que esta iniciativa forma parte de un modelo de país que ya se expresó con el RIGI, la desregulación económica y la retirada del Estado de sectores estratégicos.

«No son decisiones aisladas. Responden a una misma lógica que considera al territorio, los recursos naturales y el patrimonio nacional como simples activos económicos, sin planificación, sin agregado de valor y sin compromiso con el desarrollo regional», señaló García.

Por su parte, el presidente de la bancada, Daniel Belloso, afirmó que «la defensa de la tierra constituye una política de Estado y una responsabilidad con las futuras generaciones. No podemos aceptar que, bajo el argumento de una mayor libertad económica, se debiliten las herramientas que protegen la soberanía territorial, los recursos estratégicos y la capacidad de decisión de las provincias sobre su propio desarrollo».

Belloso agregó que «Río Negro tiene una enorme responsabilidad por su ubicación geopolítica, sus recursos naturales y la extensión de su territorio. Por eso convocamos a todas las fuerzas políticas, organizaciones e instituciones a defender una legislación que preserve el interés nacional y el patrimonio de todos los argentinos.»

Finalmente, el bloque ratificó su acompañamiento a la declaración aprobada por la Legislatura de Río Negro en rechazo al proyecto nacional, y reafirmó que «la tierra no es una mercancía más: es soberanía, producción, identidad, arraigo y futuro. Su defensa constituye una obligación irrenunciable del Estado y de toda la dirigencia política».