La alianza La Libertad Avanza anunció que los candidatos de ese espacio que sean electos el domingo próximo en la elección a convencionales constituyentes, donarán parte de sus salarios. Esperan «devolver» unos 50 millones de pesos y serán los ciudadanos quienes elijan el destino de esos fondos.

Un convencional cobra alrededor de 7 millones de pesos por mes. Frente a esa cifra, cada candidato eligió como referencia el salario de un trabajador de Bariloche. Martín Govetto, primer candidato de la lista, cobrará lo mismo que un recolector de residuos de la ciudad: 2,5 millones. Laura Pérez Lavayén se fijará el sueldo de una enfermera del hospital público, menos de 2 millones. Cecilia Beveraggi, el de una maestra de Bariloche, también por debajo de los 2 millones. Máximo Contreras cobrará lo mismo que un bombero, 1,2 millones, y Gabriela Alfaro lo mismo que un policía, también 1,2 millones. Joaquín Escardo tomará como referencia a un empleado de comercio, que arranca con 1,3 millones.

“7 millones contra 1,2. Esa es la distancia entre lo que cobra la política y lo que cobra el que trabaja”, señalaron desde el espacio. Según sus cálculos, cada convencional de la lista donará más de 10 millones de pesos, y la suma total superará los 50 millones. “Eso nunca pasó en Bariloche”, remarcaron.

La propuesta incluye un componente de participación directa: los vecinos son quienes van a definir el destino de los fondos. Desde la alianza convocaron a la comunidad a proponer, a través de las redes sociales del espacio, a qué instituciones, causas o necesidades de la ciudad debería llegar el dinero.

“Ninguno de nosotros vive de la política ni quiere vivir de la política. Somos vecinos y venimos a hacer un aporte a la ciudad donde elegimos vivir. Termina la convención y volvemos a nuestros trabajos”, expresaron los candidatos, todos provenientes del sector privado y sin cargos políticos.

El anuncio se enmarca en uno de los ejes centrales de la campaña de La Libertad Avanza en Bariloche: el control del gasto público y el límite a los privilegios de la política, junto con Ficha Limpia, el ballotage y la planificación urbana. “La política tiene que dejar de ser un negocio y volver a ser un servicio”, concluyeron.